Resumen del tema de Isabel II

Resumen del tema: Construcción del Estado Liberal
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Resumen del tema de Isabel II

La oposición al Liberalismo: Carlismo y Guerra Civil

https://www.davidstreams.com/mis-apuntes/la-oposicion-al-liberalismo-carlismo-y-guerra-civil-la-cuestion-foral/

El Reinado de Isabel II (1)

https://www.davidstreams.com/mis-apuntes/isabel-ii-las-regencias-1833-1843/

Para consultar otros temas: https://www.davidstreams.com/mis-apuntes/resumenes-selectividad-historia-de-espana-temas-largos/

El Reinado de Isabel II (2)

https://www.davidstreams.com/mis-apuntes/isabel-ii-el-reinado-efectivo-1843-1868/

En este enlace se accede a un blog educativo de mucho interés que puedes consultar. Le damos las gracias al autor del mismo por compartir este trabajo. 

El sistema de la Restauración

El sistema político de la Restauración.

Presentación Sistema de la Restauración

Consultar el siguiente enlace.

Enlace: 

https://docs.google.com/presentation/d/1z40lTkbvGAu5i0LMBg09m5BUcP_F8pSMyppAA8vcknQ/present#slide=id.p14

Enlace página de imágenes, documentos y otras explicaciones:

http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/EntreRep/Restauracion/Canovismo/Canovas.htm

 Grabado de la época que representa al gobierno de Cánovas de la Restauración. Lo reseñable del sistema Canovista es que prescindió de los generales. Don Antonio encontró la fórmula para apartarlos de las tentaciones del poder. Serrano fue el último de ellos que gobernó, primero como regente hasta la llegada de Amadeo I, y en 1874, como Presidente del poder ejecutivo para que disolviera las Cortes republicanas mientras Cánovas preparaba la restauración.

El rey Alfonso XII. La historia ha tratado a este rey con benevolencia, primero porque murió de tuberculosis a los 27 años y segundo, porque junto con Amadeo de Saboya fue el único rey liberal que tuvo España. Las leyendas populares dignificaron la vida privada de Alfonso XII, con la muerte por tifus de su primera esposa, su prima hermana María de las Mercedes de Orléans , hija de María Luisa Fernanda (hermana de Isabel II) y del Conde de Montpensier, uno de los participantes en la conspiración que acabó con Prim en la calle del Turco.Como no tenía descendencia, se le buscó una esposa, que fue María Cristina de Habsburgo-Lorena, y con quien tendría un hijo póstumo. María Cristina (no confundir con la otra regente, María Cristina de Borbón-Parma, madre de Isabel II) fue regente mientras la minoría de edad de Alfonso XIII. A la muerte de Alfonso XII, Cánovas temió lo peor, temió que los enemigos naturales del sistema, el carlismo y el republicanismo podrían el peligro todo el entramado político del canovismo. Pero no fue así, los enemigos del turnismo, eran nuevos, y aparecieron con fuerza tras el desastre del 98: los partidos proletarios y los nacionalismos.

Estupenda litografía (Biblioteca Nacional de Paris) que rememora la entrada de Alfonso XII en Madrid el 15 de enero de 1875. A destacar el entusiasmo y por lo que respecta a los militares, oficiales con botas y zapatos, soldados con alpargatas. Que no es que las alpargatas fueran mal calzado en la España seca, es el detalle...

El sistema canovista consistía en la alternancia pactada en el gobierno, del Partido Conservador de Cánovas (heredero del Partido Moderado, pero al gusto de Cánovas) y del Partido Liberal de Sagasta (antiguo Partido Progresista). Ambos caciques basaban su gobierno en el fraude electoral de elecciones censitarias de una pequeña minoría de españoles. Para este engendro, las Cortes constituyentes se dotaron de una nueva Constitución en 1876, que era heredera de la de la Constitución de 1845 de carácter conservador. La nueva Constitución proclamaba la soberanía compartida del Rey y de las Cortes. Había dos cámaras, el Senado, formado por las oligarquías de "derecho propio", de corte vitalicio, y el Congreso elegido por sufragio, del modo antes citado. En cualquier caso, y para mayor seguridad, el  Ejecutivo tenía derecho de veto absoluto sobre cualquier ley aprobada por las Cortes. Se aprobó una Ley Electoral que establecía el voto censitario (limitado a los que superaran determinados ingresos abalados por la Contribución Territorial). Presionado por sus bases y en el turno de Sagasta de 1890, se promulgo la Ley Electoral que restablecía el Sufragio Universal de la Constitución de 1869.  De 800.000 electores se pasó a casi cinco millones, el 30% de la población. Cánovas aceptó el Sufragio Universal (del que era enemigo declarado) porque sabía que sería una farsa, y los liberales, activos participes de aquel trágala, esperaban que con el tiempo la representatividad arraigaría en la sociedad española, pero sin prisas. Los liberales de Sagasta, hablaban como radicales pero se comportaban como moderados. ¿Les suena? El sistema, como diría un castizo, no se cortaba un pelín, y era de dominio público cómo se adjudicaban los escaños antes de las propias elecciones. Los delegados provinciales de estos dos partidos, los que se encargaban de cocinar esta martingala, se llamaban "caciques", de la palabra caribeña para designar al jefe.  La imagen, un satírico de la revista La Flaca, nos muestra a Sagasta llevado en procesión, sobre la Ley del Embudo, y protegido por la Guardia Civil y las partidas de la Porra. A su trasera, la repanocha.

Tema 4: Proceso de desamortización y cambios agrarios. Apuntes.

TEMA 2: Proceso de desamortización y cambios agrarios.

0.- Definición de Desamortización

LO QUE OPINAN LOS HISTORIADORES SOBRE LA DESAMORTIZACIÓN.

El problema había sido ya planteado, en el orden teórico y en el orden práctico..., por la política de regeneración económica del siglo XVIII... Los vínculos y mayorazgos se oponían a la circulación de la propiedad; las riquezas de las llamadas "manos muertas" restringían las posibilidades de la propiedad privada y situaban una gran masa de bienes innumerables fuera del mercado" (SÁNCHEZ AGESTA)

Durante la guerra carlista, y gracias a ésta, los generales ocupados en ella y a la insensata actitud de la Iglesia que se opuso del lado de don Carlos, Mendizábal pudo poner en marcha la desamortización a partir de 1836... La desamortización proporcionó la base socioeconómica que hizo posible la estabilización del régimen constitucional... (López Aranguren)

En apariencia, la desamortización de manos muertas fue uno de los grandes fenómenos del siglo. Pero la discontinuidad de la política (leyes de 1821, 1835, 1854, suspendidas, respectivamente, en 1823, 1845, 1856), la pobreza de los campesinos y las costumbres españolas hicieron que la operación no diese por resultado ni la constitución de grandes dominios bien explotados, ni de una clase labradora satisfecha...La estructura agraria permaneció inmutable...  (Pierre Vilar, historiador)

DEFINICIONES:

Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe:

Desamortización


1. f. Acción jurídica que hace posible la venta de bienes pertenecientes a manos muertas o entidades que no los pueden vender como iglesia, corona, nobleza, etc.:

Progresismo


2. m. Doctrina o ideas de carácter avanzado e innovador.

1. Corriente o partido político que defiende estas ideas:

la desamortización fue una de las reformas del progresismo del siglo XIX.
Según la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, en el DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición
Desamortizar.(De des- y amortizar). significa:

1. tr. Dejar libres los bienes amortizados.


2. tr. Poner en estado de venta los bienes de manos muertas, mediante disposiciones legales.

La desamortización fue un largo proceso histórico, económico y social iniciado en España a finales del siglo XVIII por Godoy (1798) y cerrado ya muy entrado el siglo XX (16 de diciembre de 1924). En otros países sucedió un fenómeno de características más o menos similares. Consistió en poner en el mercado, mediante una subasta pública, las tierras y bienes no productivos en poder de las llamadas «manos muertas», casi siempre la Iglesia Católica o las órdenes religiosas y territorios nobiliarios, que los habían acumulado como habituales beneficiarias de donaciones, testamentos y abintestatos. Su finalidad fue acrecentar la riqueza nacional y crear una burguesía y clase media de labradores propietarios. Además, el estado obtenía unos ingresos extraordinarios con los que se pretendían amortizar los títulos de deuda pública. La desamortización se convirtió en la principal arma política con que los liberales modificaron el régimen de la propiedad del Antiguo Régimen, para implantar el nuevo Estado burgués durante la primera mitad del siglo XIX.

Concepto

Toda desamortización es un intento de sanear la Hacienda. Para que haya un Estado fuerte debe haber una Hacienda saneada, y para que haya una Hacienda saneada es necesario que los contribuyentes puedan pagar sus impuestos. Es el principio liberal de que la suma de las riquezas particulares es la riqueza de toda la nación (Adam Smith). Durante la Ilustración se tomaron varias medidas para intentar enriquecer la nación por medio del fomento del comercio y de la industria. Estas medidas fallan por no haber consumidores posibles: la inmensa mayoría de tales consumidores serían los campesinos que están sometidos a una economía de subsistencia. La tierra es, pues, el factor desencadenante. Los labradores no pueden contribuir a Hacienda por esta economía de subsistencia en la que viven a la que se añade una doble fiscalidad: la que les impone la Iglesia, por una parte, y la que les imponen los señores feudales o el Estado, por otro. Si le añadimos a esto los grandes gastos a los que deben hacer frente (herramientas y materiales cada equis tiempo y semillas y abonos de forma anual), entenderemos que no tiene ningún sentido pretender que sean consumidores de los bienes que esa industria posible pudiera ofrecerles. Para que puedan entrar en la economía nacional, los labradores deben convertirse en empresarios; en consecuencia, el Estado debe, en primer lugar, quitar los obstáculos de todo tipo con que cuentan para ello y, en segundo lugar, convertirlos en propietarios de sus propias tierras. En el siglo XVIII, un enorme porcentaje de las tierras de España era o bien improductivo (es decir, no cultivable) o bien de bajo rendimiento: pastos, cotos de caza, tierras abandonadas...

En 1766 se abre un expediente para intentar obtener datos que permitan elaborar una Ley agraria. El resultado hacía evidente la necesidad de un cambio en la propiedad de las tierras que entonces se hallaban en poder de las llamadas "manos muertas". Las manos muertas eran los bienes de la Iglesia Católica y de las Órdenes Religiosas que estaban bajo la protección de la Monarquía Hispánica. Ni obispos, abades y priores los podían enajenar. Las autoridades eclesiásticas que lo hiciesen podían ser suspendidas a divinis e incluso excomulgados. Además el que adquiriese dichos bienes los perdía; sólo podría proceder legalmente contra la persona que se los había vendido, nunca contra la Iglesia.

La Iglesia llegó a acumular, como consecuencia de donaciones o compras, una inmensa cantidad de propiedades territoriales y urbanas que la convirtieron, en la Edad Media y el Antiguo Régimen, en la mayor propietaria. La Reforma protestante supuso la desaparición de las órdenes religiosas y una profunda reforma del clero secular en la Europa del Norte (Inglaterra, países nórdicos, norte de Alemania), lo que supuso el fin de la situación de manos muertas y la llegada al mercado libre de esas tierras y bienes, lo que fue esencial en la formación del capitalismo. Mientras tanto, la Europa meridional (Francia, Portugal, España, Italia) se caracterizó por la continuación e intensificación de la presencia institucional, social y económica de la Iglesia Católica.

Desde el siglo XVIII, la acentuación del regalismo vinculado a la monarquía absoluta y la crítica ilustrada, sobre todo cuando actúan conjuntamente (despotismo ilustrado) comenzaron intentos de desamortización, que a veces se quedaron sólo en proyectos o ejecutados en corta medida, concedidos por el Papa y el clero local como una contribución al mantenimiento de una monarquía en situación financiera precaria (Tratado de la regalía de amortización y la llamada desamortización de Carlos IV, en España). No será hasta la Revolución liberal que el programa desamortizador se cumpla en toda su extensión, como ocurrió durante la Revolución Francesa (1789) o en España durante  el gobierno de Mendizábal (1835).

Estas son tierras en poder de una serie de instituciones (señoríos, Iglesia, Ayuntamientos, el propio Estado) que no pueden venderlas por estar vinculadas a ellas. Estas tierras ni son cultivadas ni pagan impuestos de ningún tipo, por lo que no generan riqueza alguna. La solución era evidente: era necesario que el Estado se apropiara de estas tierras y las pusiera a la venta libre a través de la subasta al mejor postor.

Las desamortizaciones son procesos políticos y económicos de larga duración en España (1766.1924), en el cual la acción estatal convirtió en bienes nacionales las propiedades y derechos que hasta entonces habían constituido el patrimonio amortizado (sustraído al mercado libre) de diversas entidades civiles y eclesiásticas para enajenarlos inmediatamente en favor de ciudadanos individuales. Las medidas estatales afectaron a las propiedades plenas (fincas rústicas y urbanas), a los derechos censales, y al patrimonio artístico y cultural de las instituciones afectadas.

Con las desamortizaciones se pretendió la formación de una propiedad (propiedad privada capitalista) coherente con el sistema liberal, es decir, la instauración de la propiedad libre, plena e individual (Constitución de 1812) que permitiera maximizar los rendimientos y el desarrollo del capitalismo en el campo. La entrada de esta masa de bienes en el mercado se efectuó, en general, a través de dos procedimientos: la subasta al mejor postor como fórmula preferente y más extendida en el caso de propiedades plenas, y la redención por el censatario cuando se trataba de derechos.

I.-Introducción

En España durante el siglo XIX la agricultura fue la actividad económica más importante. Más de la mitad de la renta nacional procedía del sector agrícola y ganadero, que ocupaba también un lugar destacado en el comercio de exportación.


Tres notas caracterizan la agricultura española en este siglo:


• Una ancestral tecnología.


• Un escaso espíritu innovador.


• Una tradicional estructura de la propiedad.

España seguía aferrada al arado romano y al cultivo de año y vez; este estancamiento agrario explica claramente el retraso de la modernización económica del país.

Por otro lado, España venía sufriendo, desde hacia ya mucho tiempo, una desigual distribución de las tierras. Un pequeño número de familias de la aristocracia y entidades eclesiásticas poseían grandes latifundios en la mitad sur de la Península; mientras grandes extensiones de tierras, propiedad de la Iglesia o de la Corona, permanecían incultas por falta de capital o iniciativa empresarial, un número muy elevado de braceros y jornaleros aspiraba a un trozo de tierra propia y sufría todo el rigor de las calamidades del campo. La preocupación por mejorar la agricultura y remediar las circunstancias del campesinado se pusieron de manifiesto desde el siglo XVIII.

Antecedentes

Las desamortizaciones dieron un giro diferente a la tendencia poblacional y constituyen un hecho fundamental a la hora de analizar la historia reciente.

A principios del S.XIX, España estaba sumida en una grave crisis provocada por las perdidas de los mercados coloniales, el agravamiento de la crisis financiera y económica después de la Guerra de Independencia y la actividad reivindicativa llevada a cabo por los campesinos. Ante esta situación no quedaba otro remedio que hacer una serie de reformas y tomar una determinada actitud ante varios aspectos, que provocaran el cambio. La mayoría de los políticos y economistas se mostraban partidarios de una política de crecimiento económico, teniendo como motor de este crecimiento un incremento de la producción agrícola que permitiera mover el comercio y la industria.

Para llevar a cabo el incremento de la producción agraria, se optó por una serie de reformas entre las que estaba el aumentar las tierras cultivables además de una intensificación de su cultivo.

El aumento de la extensión de las tierras cultivadas comprendía no solo la puesta en cultivo de nuevos terrenos, sino la privatización de un conjunto de bienes pertenecientes a instituciones políticas o corporaciones religiosas. Esta transferencia de tierras a manos privadas se puso en práctica por medio de las desamortizaciones.

La desamortización esta compuesta de la supresión de los derechos jurisdiccionales y señoriales, y la desvinculación (la supresión de las limitaciones jurídicas a la libre disposición de sobre los bienes, en especial de la nobleza).

En la historia de España ha habido diversos proyectos e intentos de desamortización, así como dos grandes desamortizaciones. Todo este proceso se puede dividir en dos etapas, la no vinculada a la reforma agraria y la que si esta vinculada a ella; y cada una de estas etapas esta dividida en dos fases, que a continuación explicaremos:
1. Proceso no vinculado a la reforma agraria.


*Primera fase:
-Legislación desamortizadora de Carlos III (1767.1770)

Aunque este gobierno se incluye en la época de las Monarquías Absolutas, era totalmente reformista (Despotismo Ilustrado), lo cual le opuso a la alta nobleza y al clero, que veían en él un obstáculo a sus intereses. Todo esto hizo que todos los proyectos no llegaran a tener la repercusión que se deseaba por el miedo a poner en su contra a los más poderosos del país.

Esta legislación solo concierne a los bienes municipales y tiene su raíz en la crisis agraria y en los motines de 1766. Aranda mandaba que los baldíos y las tierras labrantías propias de los pueblos de Extremadura se dividiesen en arrendamiento entre los vecinos más necesitados, atendiendo en primer lugar a los braceros y a los jornaleros. Esta medida se extendió a todo el reino en 1767. Su principal beneficio era común, el fomento de la agricultura y el facilitar a los braceros un terreno propio que cultivar. Pero la vigencia de estas reales provisiones duró poco, fueron derogadas en 1770 y las tierras que quedaban por repartir se decidió que se entregasen, en primer lugar a los labradores de una, dos y tres yuntas y en segundo lugar a los braceros y jornaleros. Con estas modificaciones se abandonaba la finalidad primitiva de las reales provisiones y su preocupación por una reforma social agraria.

- Campomanes (Ministro de Carlos III)

Desde sus puestos en el gobierno del país impulsó reformas económicas profundas: liberalizó el comercio de granos, fomentó la pequeña propiedad agrícola, suprimió los privilegios de la Mesta, impulsó la introducción de mejoras técnicas en la agricultura y la educación de los campesinos. Se manifestó a favor de una industrialización impulsada por la iniciativa privada libre de las reglamentaciones gremiales.

Creó por todo el país una red de Sociedades Económicas para fomentar la formación y la iniciativa empresarial.
- Jovellanos (principal figura de la Ilustración en España)
Informe en el Expediente de Ley Agraria (1795)
El informe es la culminación de las ideas agrarias de la Ilustración.

* Leyes desamortizadores de Carlos IV (1798)

Ante la crisis fiscal progresiva, Godoy se vio obligado a arbitrar medidas buscando una solución. En 1798 mandó que se enajenasen a beneficio de la Real Hacienda de los bienes pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión, de expósitos, cofradías y patronatos de legos. Se iniciaba así la desamortización tal como seguirá realizándose en el siglo XIX, es decir, mediante la apropiación por parte del Estado, y por decisión unilateral de este, de bienes inmuebles pertenecientes a manos muertas, venta de los mismos y asignación del importe obtenido con las ventas a la amortización de los títulos de la deuda.

Godoy

Fue a partir de 1795, con Godoy, cuando la política belicista del gobierno y el consiguiente crecimiento brutal de la deuda pública obligaron al ministro a iniciar la desamortización. En 1798 el gobierno declaró en venta, como ya vimos, los bienes de una serie de institutos eclesiásticos, y destinó los fondos obtenidos a amortizar la deuda e indemnizar a la Iglesia con el 3% anual del producto de las ventas. Entre 1798 y 1805 se vendieron tierras por valor de 1.600 millones de reales, en total la sexta parte del patrimonio de la Iglesia, pero en vez de destinar el dinero a su fin inicial, se gastó en nuevas campañas militares. El resultado es que en 1808 la deuda ascendía a 7.000 millones, mientras que se había eliminado la asistencia social a enfermos, ancianos y marginados sociales, asistencia que la Iglesia financiaba con las rentas de esas tierras y que el Estado no cubría, lo que condenó a esos colectivos a la miseria.

Segunda fase:
* José Bonaparte y Cortes de Cádiz
Desamortización eclesiástica:

En 1811, durante el reinado de José I Bonaparte, se planteó en las Cortes de Cádiz el problema de la deuda pública. Una de las soluciones que se propusieron fue la de declarar la bancarrota. Pero unos grupos de diputados se opusieron a ello, consiguiendo mediante un decreto en 1813 que se ratificara el reconocimiento de la deuda que se pagaría con cargo a las rentas de tierras afectadas para tal fin: las de los jesuitas, las pertenecientes a las órdenes militares, conventos y monasterios suprimidos o destruidos durante la guerra; las de la recién abolida inquisición... y la mitad de los baldíos y realengos. Las fincas se cederían en pública subasta. Este decreto constituye la primera norma legal general desamortizadora del siglo XIX, pero apenas pudo aplicarse debido al inminente retorno de Fernando VII.

Durante el trienio liberal, de 1820 a 1823, se restableció la legislación desamortizadora de las Cortes de Cádiz. Por decreto de 1820 se suprimían todos los monasterios de las órdenes monacales. Con este decreto, uno de las más radicales en este sentido, la desamortización eclesiástica ya no se reduce a medidas parciales, sino que se acomete de forma decidida.

Fernando VII. Trienio liberal

En el Trienio volvieron a entrar en vigor las decisiones de las Cortes de Cádiz: se aprobó el Decreto de supresión de monacales de octubre de 1820 y se emprendió la desamortización de bienes de propios y baldíos.

Una buena parte de los bienes de los conventos fue vendida, principalmente, a inversores burgueses. Pero en 1823 retornó el régimen absolutista, y Fernando VII obligó a restituir los bienes vendidos, lo que provocó la indignación de los compradores, que desde entonces pasaron a apoyar al liberalismo y a enfrentarse al Rey.

2. Proceso vinculado a la reforma agraria

Concepto de reforma agraria:

Proyecto político a gran escala cuyo objetivo es un cambio rápido y radical del régimen de propiedad y explotación de la tierra. Bajo esta denominación se encuentran múltiples procesos que deben ser contextualizados en relación a tres cuestiones clave: el alcance, las indemnizaciones y la organización. La reforma puede afectar a todo un país o a parte del mismo, orientarse a grandes parcelas y latifundios o incluir también medianas propiedades, o estar limitada a criterios de rendimiento. Deberá producir, en todo caso, una transformación profunda de la estructura de propiedad y explotación. Las tierras pueden ser confiscadas (en las economías socialistas) o expropiadas con indemnización. Si se indemniza, puede emplearse el valor fiscalmente declarado de la propiedad (Italia, 1951) o condicionar el pago a la reinversión en la industria (Perú, 1969). La organización de los beneficiarios, en cuanto al tamaño de las nuevas explotaciones y su capitalización, es la clave final del éxito en términos de incremento de la renta familiar disponible.
Este proceso se desarrolla en España durante el siglo XIX en dos fases: La Desamortización Eclesiástica o   de Mendizábal  y la Desamortización Civil o de Madoz

II.- Desarrollo del tema.

Primera fase:

*Desamortización Eclesiática de Juan Álvarez de Mendizábal

A partir de 1833 el proceso de desamortización se precipitó por varias causas. En primer lugar, la I Guerra Carlista obligaba al Estado a obtener recursos, en un momento en que las arcas estaban vacías y el crédito exterior se había hundido. En segundo lugar, se difundió en el país un clima anticlerical, a causa del apoyo del clero al bando carlista: los asaltos a conventos, los incendios, profanaciones y matanzas fueron frecuentes en los años 1834 a 1836. El Cura y el fraile reaccionario se convirtieron en los chivos expiatorios de las protestas populares provocadas por la escasez, debida a la guerra, y por las epidemias. En tercer lugar, los antiguos compradores de bienes desamortizados en el Trienio, expropiados en 1823, presionaban al gobierno para que les devolviera sus bienes. Hombres ricos, formaban un grupo poderoso e influyente, esencial para el bando cristino. Por eso no es extraño que los gobiernos liberales fueran poco a poco avanzando hacia la desamortización: confiscación de bienes de los conventos destruidos (1834), reintegro de sus bienes a los compradores del Trienio (1835) y decreto de exclaustración general (1836), que no hizo sino legalizar lo que ya se había producido: el abandono masivo de los conventos, ante el miedo de los frailes a los asaltos populares. El resultado es que sólo subsistieron 300 de los 2.000 conventos existentes.

En esta situación se publicó la primera de las dos grandes leyes de desamortización de la revolución liberal, la de Mendizábal, la desamortización del clero: en febrero de 1836 se declaraban en venta todos los bienes pertenecientes al clero regular, y se destinaban los fondos obtenidos a la amortización de la deuda pública. El Decreto formaba parte de un programa que perseguía ganar la guerra allegando fondos y tropas, restaurar la confianza en el crédito del Estado y, a largo plazo, permitir una reforma de la Hacienda.

Mendizábal, en el preámbulo, exponía otros objetivos básicos de la desamortización: sanear la Hacienda reduciendo la deuda, conseguir el acceso a la propiedad de sectores burgueses, que mejorarían la producción y la revalorizarían, y crear un sector social de nuevos propietarios vinculados al régimen y al bando cristino.

Aunque el gobierno cayó en mayo, en octubre Mendizábal se convirtió en ministro de Hacienda bajo el gobierno progresista de Calatrava. Y a partir de ahí las subastas se reanudaron. En 1838 se aceleraron, y sobre todo desde 1840, cuando la victoria cristina hizo irreversibles las ventas. Además, desde agosto de 1841, bajo la regencia de Espartero, se desamortizaron también los bienes del clero secular. Fue finalmente con la vuelta de los moderados, en 1844, cuando se suspendieron las subastas, aunque el gobierno del general Narváez garantizó las ventas ya realizadas. En total, entre 1836 y 1844 se habían vendido propiedades por valor de 3.274 millones de reales, quedando aún por vender bienes expropiados por valor de 910 millones, de los que tres cuartas partes pertenecían al clero secular. Se había desamortizado el 62% de las propiedades de la Iglesia. Las fincas fueron tasadas por peritos de Hacienda y subastadas después, alcanzando una puja media del 220% sobre el precio de salida. Dado el distinto tamaño de los lotes, eran en teoría asequibles para grupos sociales de bajos ingresos, pero en la práctica los propietarios y los inversores burgueses acapararon las compras, puesto que eran los únicos que tenían liquidez, sabían pujar y podían controlar fácil-mente las subastas. Además, comprar era un excelente negocio: sólo se abonaba el 20% al contado, el resto se pagaba aplazado, y se admitían para el pago los títulos de deuda por su valor nominal. Como estaban muy desvalorizados en el mercado, adquirirlos en bolsa y pagar con ellos era una ganga para el comprador.

Un proceso tan perjudicial para los intereses del Estado no era consecuencia de un error de cálculo. Mendizábal sabía que la admisión para el pago de títulos por su valor nominal produciría esa situación. Es cierto que podría haberse llevado adelante la desamortización con más rendimiento para el Estado, e incluso que podría haberse aprovechado para repartir la tierra entre los campesinos, iniciando así un proceso de reforma agraria. Así lo sugirió, en parte, el diputado Flórez Estrada en un artículo de prensa editado a los pocos días de publicarse el decreto. En él proponía que el Estado arrendara las tierras a los campesinos y dedicara la renta a pagar la Deuda, lo que garantizaría los pagos, satisfaría las peticiones campesinas y serviría para crear la masa adicta a Isabel II que propugnaba Mendizábal. Lo que ocurre es que el ministro no buscaba ni un reparto de las tierras ni una reforma agraria, sino beneficiar a quienes, como él mismo, pertenecían a la élite financiera y comercial. Y buscaban consolidar su prosperidad económica con la compra de bienes inmuebles. El resultado es que, sumando lo vendido en el Trienio y en el periodo 1836 - 1851 (año en que aún se cobraron plazos), el Estado recaudó unos 4.500 millones de reales, de los que sólo 500 lo fueron en dinero, cuando la deuda ascendía ya por entonces a unos 14.000 millones.

Las consecuencias de la desamortización de Mendizábal fueron muy variadas.

1. El desmantelamiento casi completo de la propiedad de la Iglesia y de sus fuentes de riqueza, toda vez que el diezmo, su otra alternativa, fue igualmente suprimido en 1837. Sólo en 1845 se establecería una Contribución de culto y clero. Para entonces la Iglesia había dejado de ser el estamento privilegiado, aunque conservaba su enorme influencia en las mentalidades y en la educación, que casi monopolizaba.

2. La desamortización no resolvió el problema de la deuda, pero sí contribuyó a atenuarlo. Se consiguió rescatar 5.000 millones de reales de los 14.000 acumulados y se pusieron a tributar una enorme cantidad de propiedades que hasta entonces habían permanecido exentas, aumentando así los ingresos de la Hacienda.

Sólo desde los años cincuenta, con la segunda desamortización y el desarrollo económico, se disminuiría de forma drástica la deuda del Estado, aunque siempre quedará una parte de ella consolidada hasta el siglo XX.

3. La desamortización no produjo un aumento de la producción agraria, contra lo que pretendían sus promotores. Los nuevos propietarios, en general, no emprendieron mejoras, sino que se limitaron a seguir cobrando las rentas y las incrementaron, al sustituir el pago de los derechos señoriales y diezmos por nuevos contratos de arrendamiento. Además, las nuevas tierras que se pusieron en cultivo eran marginales, de baja calidad, por lo que la productividad media descendió. Muchos de los nuevos propietarios vivían en las ciudades, completamente ajenos a los problemas agrícolas.

4. Hay que señalar que la desamortización trajo consigo un proceso de deforestación, pese a las prohibiciones del gobierno en ese sentido.

5. La desamortización provocó un reforzamiento de la estructura de la propiedad de la tierra: acentuó el latifundismo en Andalucía y Extremadura y el minifundismo en el Norte. Las tierras y las fincas urbanas fueron a parar a los antiguos terratenientes locales, a nuevos inversores de la burguesía financiera, industrial o profesional (sobre todo abogados), a especuladores e intermediarios, que traficaron con las tierras o con los títulos de deuda que suministraban a los compradores. Unos y otros, amigos de políticos, caciques o viejos señores, constituirán la nueva élite terrateniente que detentará el poder durante el reinado de Isabel II ya sea en el partido moderado o en el progresista, y por tanto plenamente identificados con el régimen liberal, tal y como había previsto Mendizábal. Los que desde luego no compraron, en general, fueron los campesinos: o no recibían información de las subastas, o no sabían pujar, o no tenían dinero para hacerlo. Cuando lo intentaron se encontraron con lotes demasiado grandes, pujas muy altas o subastas amañadas por los potentados locales, frecuentemente en connivencia con quienes presidían las subastas.

6. En las ciudades ocurrió lo mismo. Como la mayoría de los inmuebles estaba en el centro urbano, la desamortización contribuyó a un urbanismo discriminador. La alta burguesía acaparó los mejores edificios del centro, excluyendo a las clases medias, confinadas en las viejas viviendas, y dejando para los obreros los arrabales de la periferia.

Mendizábal se convirtió desde 1836 hasta nuestros días en una de las bestias negras preferidas de la Iglesia. De hecho, todavía se justifica la aportación del Estado a la Iglesia en función de la desamortización de Mendizábal. El dibujo satírico representa a unos niños tirando del rabo del diablo. El diablo es Mendizábal, claro. La posdata decía: "¡Ah, muchachos, al hebreo! Tira del rabo, Juanillo, aprieta tú, Periquillo. Fuera, fuera el fariseo, que a los templos entró a saqueo".

(La oposición a Mendizábal)

Entre las raras voces de los sectores progresistas que se opusieron a Mendizábal destacó la de Flórez Estrada .En un articulo publicado en el Español, en febrero de 1836, se declaraba partidario de la desamortización, pero contrario al sistema propuesto por el ministro de Hacienda. Su preocupación reformista era fundamentalmente social. Admitía la desamortización para mejorar la condición de las clases rurales y estaba preocupado por favorecer al proletariado agrario.

- Segunda fase:


* Desamortización de Madoz.

La firma en 1851 del concordato con la Santa Sede por el gobierno de Bravo Murillo significó simplemente un paréntesis del proceso de Desamortización.

Aunque el período de Mendizábal se ha llevado toda la "fama", sin duda por las implicaciones anticlericales que supuso la aplicación de la política liberal, las investigaciones recientes cada vez reafirman la mayor importancia, que desde el punto de vista de ventas y de superficies enajenadas, alcanzó la desamortización llevada a cabo por Pascual Madoz.

Durante el Bienio Progresista, con Espartero en el poder, el nuevo ministro de Hacienda propugnó una profunda y desconocida reforma calificada de desamortización "civil".

La ley Madoz pretendía actuar sobre bienes municipales, tanto los terrenos de propios .que ayuntamientos y concejos cedían como parcelas a los vecinos por un determinado periodo, como comunales .aprovechados libremente por todo el pueblo.; por supuesto, sin olvidarse de continuar vendiendo, liquidando, los lotes eclesiásticos no enajenados durante la etapa anterior.

Hablemos en primer lugar de los bienes municipales. Aunque algunos ayuntamientos mantuvieron indemnes sus bienes comunales, sí que es verdad que la mayoría de la tierra vendida procedía de los concejos. Las fincas concejiles se componían principalmente de montes y terrenos en ocasiones de buen tamaño, pero escabrosos, apenas susceptibles de aprovechamiento para ganadería extensiva.

La venta de estos lotes no tuvo excesivo éxito económico. Los potenciales compradores, campesinos que vivían en los pueblos cercanos y que querían utilizarlas como pastizales, no veían aliciente en adquirir unas parcelas que ya disfrutaban tradicionalmente como bienes comunales. Por lo tanto, dado que se había implantado el pago al contado, los pocos interesados esperaban a las segundas subastas para adquirir a bajo precio.

Respecto a las edificaciones, se vendieron tabernas concejiles, mesones (quizá no muy rentables), desde casas procedentes de distintas instituciones (beneficencia, estado, parroquias) hasta molinos.

¿Qué pasa mientras con las propiedades eclesiásticas?

Similar cuestión se plantea con las propiedades del clero secular. Después del freno impuesto por los políticos moderados, si Mendizábal dictó la sentencia de muerte, Madoz se encargó de su ejecución. Se reinicia la venta de los restantes bienes parroquiales y de otras instituciones, "beneficios", inmuebles y multitud de parcelas.

El tipo de terreno predominante son "tierras" y "prados" (casi 2/3 del total de superficie) en su mayoría procedentes del sector eclesiástico; seguidos de los propios municipales. En segundo término figuran (cerca del 30%) los terrenos, dehesas y montes de menor calidad. Las fincas pertenecientes al Estado, Beneficencia o Instrucción Pública (escuelas) representaron cuotas mínimas.

Consecuencias

En la primera mitad del Siglo XIX se inicia el proceso desamortizador que, desde 1836 hasta finales del Siglo, va a contribuir a la reforma jurídica de la propiedad de la tierra.

Con carácter general la desamortización resultó ser un eficaz instrumento jurídico, aprovechado y auspiciado por la burguesía, en cuanto nueva clase social emergente, y por los terratenientes del antiguo régimen, para reformar la estructura de la propiedad de la tierra. La venta en pública subasta de los bienes (fundamentalmente rústicos) de la Iglesia, Estado, Nobleza... "manos muertas" en definitiva, a partir de 1.836, contribuyó a la concentración de la propiedad, a pesar de las intenciones expresadas en el texto del Decreto por el que se inicia la desamortización de los bienes eclesiásticos, pretendiéndose que tanto los grandes como pequeños propietarios, así como los "labradores aplicados" y "jornaleros con alguna esperanza o con la protección de algún ser benéfico", pudieran tener acceso a la compra de las tierras. La realidad fue que quienes adquirieron las tierras en su inmensa mayoría fueron los grandes propietarios y personas que sin tener hasta ahora tierras poseían grandes cantidades de dinero que invirtieron en la compra de propiedades; muy poco adquirieron los labradores acomodados y nada los jornaleros.

Otro aspecto a tener en cuenta en el proceso desamortizador, y que afectó considerablemente (en sentido negativo) a los pueblos, fue la inclusión de los "bienes de propios y comunales" de los municipios entre los susceptibles de desamortizar y por tanto vender, pues ello supuso la descapitalización de muchos municipios y la privación a muchos de sus vecinos de los "mínimos de subsistencia" que obtenían del aprovechamiento de los bienes comunales o del arriendo de los bienes de propios. Albino Feijoo Gómez, lo expresa claramente: "La desamortización de los bienes de propios fue llevada a cabo contra la voluntad de los pueblos. Los pueblos no deseaban la enajenación de sus bienes de propios y comunales, oponiéndose a ello desde el siglo XVIII con bastante éxito. El éxito en la defensa de sus propiedades se debió a varias causas, entre las que no hay que olvidar la imposibilidad del Estado de hacer frente a los gastos de obras públicas, salarios de empleados públicos, médicos, maestros y otros gastos municipales que recaían en las haciendas locales; y también por el apoyo que los mayores propietarios de cada pueblo ofrecían a los Ayuntamientos, ya que ellos eran los principales beneficiados de los montes y pastos del Común y del arrendamiento de sus propios. Sólo en 1.855, cuando se plantea una desamortización de propios sin atisbos de reparto social de la tierra, y claramente favorable a "los ricos", como había sido la desamortización de Mendizábal, el Gobierno triunfa sobre los pueblos”.

III. Valoración de las desamortizaciones (Conclusión)

La importancia de las medidas desamortizadoras es una cuestión discutida, no solo por el dinero que aportó al Estado, o por la superficie desamortizada, sino porque fue una medida que afectó a otros aspectos de la vida social y económica del país, como el derecho, la hacienda, la agricultura, las inversiones, las clases sociales, etc.

La desamortización fue una gran oportunidad perdida para repartir la tierra a los campesinos y transformar las bases mismas de la agricultura española.

La necesidad de obtener dinero planteó la desamortización de forma beneficiosa para quienes tenían medios para comprar, lo que significaba decretar el despojo de los campesinos, puesto que se enajenaba gran parte de sus tierras comunales.

Clases sociales beneficiadas y perjudicadas

El resultado no estuvo a la altura de las expectativas liberales.

En palabras de Fernández de Pinedo, la desamortización significó "la entrada de la tierra en el circuito comercial", aunque ello no modificó la estructura de la propiedad ni produjo un mayor equilibrio social. Tampoco supuso una renovación sustancial de las explotaciones agrarias; se actuó, en ocasiones, con interés especulador y no se mejoró el rendimiento final de la tierra, al continuar con sus usos tradicionales. Pequeños propietarios rurales y una pujante burguesía mercantil o protoindustrial (sobre todo harinera), económicamente fuertes, se vieron beneficiadas ampliando sus fincas Por ello estos grupos se adhieren de alguna manera al movimiento liberal, propulsor de estas innovaciones, al prestar su apoyo político. En la desamortización de Madoz, se aprecia sin embargo, una mayor participación de labradores.

Por defecto, la desamortización perjudicó las condiciones de vida de pequeños campesinos y ganaderos que perdieron sus derechos sobre las fincas comunales privatizadas. El clero, en el blanco de las reformas, se vio muy afectado en sus propiedades patrimoniales; los municipios sobrevivieron a la medida y las conservaron en gran parte. Por ello no es de extrañar que entre el clero y las capas sociales desfavorecidas anidase un sentimiento conservador de autoprotección, que se tradujo en el reiterado apoyo que prestaron al carlismo.

No fue la medida más importante de la revolución liberal agraria, sino que fue tan importante como la desvinculación o la abolición del régimen señorial.

El éxito o fracaso del proceso desamortizador sólo puede verificarse racionalmente si se contrastan los resultados obtenidos con los objetivos perseguidos:

* El objetivo principal era transformar el régimen jurídico de la propiedad de la tierra, en dos sentidos: transferir la propiedad a nuevas manos libres, y acabar con la titularidad colectiva. La desamortización cubrió estos objetivos, aunque con matizaciones:

- Una extensión del 20 - 25% de las tierras de España cambiaron la naturaleza de su propiedad, pasando de ser propiedad colectiva a ser propiedad privada (lo cual fue un éxito indudable). Así mismo, incrementó notablemente el número de propietarios. Las estimaciones de Fontana son de un incremento de un millón de nuevos propietarios (otro éxito indudable).

- El número de jornaleros aumentó muy considerablemente, en 1,5 millones a mediados del S. XIX. En cuanto a los censatarios, su número también disminuyó mucho respecto al inicio del siglo. La razón en que muchos de estos arrendatarios (y censatarios) se hicieron propietarios, y otro mucho se hicieron jornaleros: Se acentuó la proletarización del campo.

Los efectos de la desamortización fueron distintos por regiones. Evidentemente, dependían en primer lugar de la riqueza previa a desamortizar de cada región. Pero también del sistema previo de explotación. Por eso la desamortización fue muy importante en las dos Castillas, Extremadura y Andalucía occidental (favorece el desarrollo del latifundio), y tuvo escasos resultados en el Levante, Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco (desarrollo del minifundio).

Tampoco fue completa la desamortización en el caso de los bienes municipales, continuando la titularidad colectiva en grandes extensiones de montes y otros terrenos catalogados "de aprovechamiento común" (según la Ley Madoz).

En cuanto a otros objetivos de la desamortización:

* Objetivo hacendístico o financiero: Las agobiantes necesidades financieras del Estado desde la época de Carlos III y Carlos IV les llevó a crear una masa considerable de Deuda Pública. Pero llegó un momento en que la corona fue incapaz de pagar incluso los intereses de la misma deuda, lo cual la desacreditaba como sistema de refinanciación futuro (nadie confiaba ya en la deuda pública de la corona).

La desamortización (tanto eclesiástica como civil / municipal) fue utilizada para paliar estas enormes necesidades financieras, y sobre todo en la fase Mendizábal - Espartero pretendía disminuir el volumen de la deuda, dejándola en una cifra cuyos intereses pudiesen ser atendidos por el gobierno. El reproche más habitual a la desamortización es que fue una pésima operación financiera, "un inmenso latrocinio" en palabra de Menéndez Pelayo.

Pero los estudios recientes subrayan que el propósito financiero fue cubierto. Al estudiar los precios de salida y remate, en la fase Mendizábal - Espartero, los precios de remate duplicaron a los precios de tasación. Si bien es cierto que no se logró acabar con el problema de la Deuda, Fontana y otros autores señalan que Mendizábal no pretendió terminar con la Deuda Pública, sino que expresamente habla de "minorarla".

En la fase Madoz, el capital obtenido en las subastas no se destinó en tanta proporción a reducir la Deuda Pública, sino a equilibrar los presupuestos del Estado y a las subvenciones de las líneas de servicio general del ferrocarril.

Además, de forma general hay otra aportación hacendística importante:

Como resultado del cambio de propiedad de las tierras, ahora en propiedad particular, van a contribuir más a la Hacienda Pública. Al analizar la Contribución sobre bienes inmuebles, cultivo y ganadería (la principal herramienta fiscal del S. XIX), se comprueba que la contribución aumentó notablemente con la desamortización. Si esos bienes no incrementaron todavía más la contribución, la causa fue el clientelismo político.

Ahora bien, una de las consecuencias más negativas de la desamortización, desde el punto de vista fiscal, fue la drástica disminución de ingresos de los ayuntamientos, que perdieron la propiedad y las rentas derivadas de los bienes de propios. Estos ingresos eran importantísimos para los ayuntamientos, y su pérdida dejó las arcas municipales y provinciales en una situación precaria. La consecuencia más grave de todo ello es que ni ayuntamientos ni diputaciones pudieron financiar las tareas que las leyes les asignaron: enseñanza primaria y beneficencia.

En cuanto a la crítica de que las subastas supusieron la absorción de unos capitales que podían haberse destinado a otras inversiones alternativas, no parece cierto: En la fase Mendizábal - Espartero, y también con Madoz (desde 1856), los bienes subastados se pagaron en buena medida con títulos de Deuda Pública. En el primer caso, a su precio nominal, y con Madoz al precio de mercado de la Deuda del día anterior a la escrituración. Pero en cualquier caso, no afectaron a inversiones alternativas, ya que ese papel de Deuda Pública no valía nada si no era porque el Estado lo admitía como válido.

* Objetivo de cambio de propietarios: Hay autores (Fontana) que dicen que la desamortización benefició sobre todo a la burguesía, y que se creó una nueva burguesía terrateniente, un latifundismo burgués.

Esto es más bien un tópico, o quizás fuera cierto sólo en algunas zonas de Extremadura y Andalucía. Pero como dice G. Rueda, la estructura de la propiedad no cambió tanto con la desamortización, sino que se vino a insistir en la estructura ya existente: En regiones latifundistas, se incrementó el latifundio, y en regiones de pequeñas parcelas, no se hicieron latifundios, sino que aumentó la parcelación.

* Objetivo social de redistribución de tierras: Aunque Mendizábal en su exposición de motivos planteaba este objetivo, que se cumpliría cuando incluso "jornaleros y artesanos" acudieran a las subastas, lo cierto es que sólo las gentes con dinero en efectivo o papel de la Deuda (los dos únicos medios de pago) pudieron hacerse con las propiedades sacadas al mercado.

Los compradores fueron 3 grupos:

a) Compradores de vecindad urbana, sobre todo residentes en Madrid, gracias al sistema de doble subasta: Comerciantes, fabricantes, hombres de negocio - especuladores de la reventa, los "profesionales de la subasta" según Zorrilla -, funcionarios y militares.

b) Compradores de vecindad rural, sobre todo propietarios previos de tierras, o arrendatarios / censatarios. También las profesiones liberales de la España rural: funcionarios y militares.

c) Otros compradores. Fueron un porcentaje menor de adquirentes. Fueron nobles, que acudieron con títulos de Deuda Pública con los que fueron indemnizados tras la abolición del régimen señorial, para recomponer sus patrimonios nobiliarios. También algunos burgueses enriquecidos, miembros del clero a título particular, y un sector del campesinado. Estos últimos tuvieron unas condiciones mucho más favorables con Madoz que con Mendizábal. Algunos campesinos, que ya tenían el dominio útil, compraba el dominio directo, con lo que adquiría la plena propiedad o propiedad perfecta, o asociarse varios campesinos para lograr alcanzar el precio de subasta de los bienes de propios o comunales de su pueblo.

El coste social.
Los grandes perjudicados de la desamortización fueron la Iglesia y los municipios. La Iglesia, además, vio suprimido el diezmo, lo que supuso un drástico recorte de sus rentas, y como consecuencia una reducción de su papel social.

La educación y la beneficencia se secularizaron y se hicieron desde el Estado en el S. XIX. Sin embargo, la atención hospitalaria de las órdenes religiosas - las únicas permitidas en el Concordato - así como la enseñanza primaria y secundaria, siguieron en manos de la Iglesia. La razón es que las haciendas municipales no tenían la capacidad financiera necesaria para encargarse de beneficencia y educación (en buena medida por el recorte de ingresos fruto de la desamortización municipal)

La Ley Moyano (Ley de educación de 857) así lo reconoce, ya que aunque instaura la obligatoriedad de la enseñanza primaria, también dice que al menos 1/3 de las escuelas deben ser públicas. Esto significa que 2/3 eran privadas, es decir, básicamente de la Iglesia.

Los ayuntamientos fueron privados de los bienes de propios y comunes.

La Ley Madoz sin embargo, decía que los "bienes comunales de uso común no serían expropiados, y así se salvaron algunas tierras". Pero estas tierras que continuaron amortizadas eran por lo general los bienes comunes, de uso compartido y gratuito. La mayor parte de los bienes de propios, que eran los que daban rentas a los ayuntamientos, sí fueron desamortizados.

En cuanto al campesinado:

La conclusión de Martínez Carrión en su obra sobre el nivel de vida en la España rural, es que el campesinado del 2º tercio del S. XIX sufrió un importante descenso del nivel de vida. Pero todavía más, disminuyó su calidad de vida, no sólo el nivel. Así por ejemplo, las tallas (altura) de la población muestran un descenso de estatura en esos años, señal de malnutrición.

La reforma agraria liberal supuso algunas ventajas indudables para los campesinos: la abolición del diezmo y de los derechos señoriales y jurisdiccionales. También fue ventajosa para aquellos campesinos censatarios con ciertos recursos que pudieron acudir a las subastas y adquirir la plena propiedad. Y tanto los que continuaron como censatarios como los nuevos jornaleros empeoraron sus condiciones de vida con estas nuevas relaciones laborales, y la conflictividad social va aumentar.

En 1857 en Utrera y el Arahal se produjeron los primeros movimientos campesinos de protesta, rápidamente sofocados por las fuerzas de seguridad.

Sucesos de El Arahal

Se conocen como sucesos de El Arahal o, en otros textos, sucesos de Utrera y El Arahal, a una insurrección armada de base principalmente campesina (aunque contó con elementos militares y artesanos) que afectó a varios municipios de la provincia de Sevilla en 1857, durante el reinado de Isabel II.

- Evolución de los sucesos:

El 1 de julio de 1857 algo más de un centenar de hombres tomaron las poblaciones de Utrera y El Arahal, atacando el cuartel de la Guardia Civil e incendiando el registro de la propiedad así como el intento de proclamación de la república al grito de "mueran los ricos". Dos días después, el 3 de julio, tropas de infantería y caballería del ejército se enfrentaron a los sublevados en la serranía de Ronda, provocando 25 muertos entre los rebeldes y capturándose a 24 hombres. El resto de insurrectos se dispersaron, siendo capturados los últimos cabecillas en Utrera el día 5 de julio.

El 12 de julio, tras un juicio militar, los principales cabecillas de la revuelta y 32 alzados más fueron fusilados en Sevilla y Utrera, si bien algunas fuentes afirman que la cifra de condenados fue de 150.

- Carácter de la revuelta:

Pese a ser una revuelta protagonizada esencialmente por campesinos también intervinieron republicanos y organizaciones secretas masónicas.

Esto se encuadra en un contexto de fuerte agitación social en el campo andaluz ante la creciente desigualdad social y, por otro lado, de importantes acciones por parte de los seguidores del Partido Republicano que buscaban la abolición de la monarquía española.

La sublevación campesina de Loja, también llamada la Revolución del pan y el queso, tuvo lugar el 28 de junio de 1861 cuando un numeroso grupo de jornaleros, encabezados por Rafael Pérez del Álamo y al grito de "¡Viva la República y muera la Reina!" asaltaron el cuartel de la Guardia Civil de Iznájar como consecuencia de las pésimas condiciones de trabajo y ante la frustración por no poder acceder a los beneficios de la desamortización.La eliminación de los mayorazgos, el régimen señorial y la limitación de acceso a los bienes comunales y el cercamiento de las propiedades tras su venta, provocó un empobrecimiento acentuado de los trabajadores del campo.
Tras movimientos de tropas el 24 de junio en Málaga, se precipitan los acontecimientos con el asalto campesino a Iznájar. El 30 de junio los jornaleros se desplazaron, alzando la bandera de la República y cantando el Himno de Riego, a la ciudad de Loja, feudo de Ramón María Narváez que ejercía en su ciudad natal como auténtico cacique, concentrándose unos diez mil -según la mayoría de las fuentes- de las poblaciones cercanas que saquearon y asaltaron la ciudad, estableciendo un sistema rudimentario de reparto de tierras. La sublevación se extiende por Archidona, Íllora, Huétor-Tájar y Alhama de Granada. El 3 de julio el Capitán General de Granada mandó fuerzas militares para que restablecieran el orden, tomando la ciudad en un combate sangriento. Tras el control de Loja el día 4, se procedió al ajusticiamiento por procedimiento sumarísimo de los cabecillas de los sublevados, fusilándose, según datos oficiales, a ciento dieciséis de ellos -aunque Pérez del Álamo había conseguido huir a Madrid- mientras que unos cuatrocientos eran deportados. No obstante, un numeroso grupo se dirigió a la capital, Granada, esperando con ello crear una movilización mayor a su causa. Sin embargo los pocos que restan son detenidos en Las Pilas. Al año siguiente, durante un viaje por Andalucía de Isabel II, se decretó la amnistía para todos los implicados, incluido Pérez del Álamo.
Este es el origen del movimiento obrero en Andalucía Pero la desamortización municipal de Madoz fue perjudicial para todo el campesinado, y en especial para los que menos tenían.

 Mendizabal se convirtió desde 1836 hasta nuestros días en una de las bestias negras preferidas de la Iglesia. De hecho, todavía se justifica la aportación del Estado a la Iglesia en función de la desamortización de Mendizabal. El dibujo satírico representa a unos niños tirando del rabo del diablo. El diablo es Mendizabal, claro. La posdata decía: "¡Ah, muchachos, al hebreo! Tira del rabo, Juanillo, aprieta tú, Periquillo. Fuera, fuera el fariseo, que los templos entró a saqueo".

Tema 7. La Dictadura de Primo de Rivera. Notas.

La ley de Fugas

La Ley de fugas es un tipo de ejecución extrajudicial que consiste en simular la fuga de un detenido, especialmente cuando es conducido de un punto a otro, para poder así suprimir la fuerza que lo custodia y encubrir el asesinato del preso tras el precepto legal que permite hacer fuego sobre el fugitivo que no obedece al "alto" conminatorio de los guardias.

Para ello la guardia de custodia se retrasaba en el camino por detrás del detenido hasta que había la relativa distancia como para considerar que el preso se estaba fugando. Se disparaba por la espalda para dar más credibilidad a la fuga. Los presos empezaron a conocer esta añagaza y desde entonces se les disparaba por la espalda, sin más. Una generosa aplicación de la ley de fugas permitió acabar con el bandolerismo andaluz en el siglo XIX. También durante el primer sexenio de 1920, esta ley permitió el asesinato en Barcelona, (Ciudad bajo gobierno en los primeros años de la década del general Severiano Martínez Anido, quien llegaría a Ministro de Gobernación), por parte de las fuerzas policiales y de pistoleros del Sindicato libre de la Patronal, de más de un centenar de anarcosindicalistas de la CNT, entre ellos figuras tan destacadas como Salvador Seguí o Evelio Boal.

Normalmente la Ley de fugas se asocia en España con la época de la dictadura de Francisco Franco, particularmente durante la represión de la guerrilla republicana de los maquis. Generalmente se utilizaba contra aquellos que mantenían posturas ideológicas diferentes al nacionalcatolicismo y no podían ser condenados a muerte por la vía judicial. Ha sido además práctica habitual en las dictaduras de otros países durante diferentes momentos del siglo XX.

Muchos intelectuales y escritores atacaron esta inhumana disposición, como por ejemplo Ramón María del Valle-Inclán en su Luces de Bohemia, a través del personaje del anarquista, ejecutado de esta forma.

Fuente: Wikipedia.

Los Sindicatos libres (en catalán Sindicats Lliures o Unió de Sindicats Lliures), fueron unas organizaciones creadas por militantes carlistas en el Ateneo Obrero Legitimista en 1919. Los miembros de los Sindicatos Libres fueron el brazo ejecutor de los atentados y asesinatos de miembros prominentes de la CNT como Salvador Seguí, y también del abogado Francesc Layret. Tuvo escaso apoyo dentro del mundo obrero, pero recibieron apoyo por parte de la dictadura de Primo de Rivera,sectores de la policía y de la extrema derecha.

Salvador Seguí. El Noi del sucre

Al irrumpir en Barcelona la época del pistolerismo entre las bandas financiadas por la patronal catalana de Sindicatos Libres y sectores exaltados confederales, condenó el uso del crimen político e hizo todo lo que estuvo en su mano para poner fin a los derramamientos de sangre. A principios de marzo de 1923 sus futuros asesinos le enviaron el siguiente anónimo. “Reunidos los elementos del Sindicato Libre, hemos acordado asesinarte a ti y a Pestaña, entre otros. Esta vez no escaparéis ninguno, aunque tu serás el primero”. Sus verdugos cumplieron la cobarde amenaza. Al atardecer del 10 de marzo de 1923, el Noi del Sucre fue acribillado a balazos en la calle de la Cadena de Barcelona.

http://www.solidaridad.net/_articulo3714_enesp.htm

La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza

1.- Contexto socio-histórico

La novela recrea el ambiente de Barcelona en el período 1917-1919.

A principios de siglo, Barcelona es el núcleo más industrializado de España. Surgen movimientos anarquistas, sindicalistas y socialistas que tratan de organizar el descontento de la clase trabajadora. Con la Primera Guerra Mundial (1914-1917), y debido a la fuerte demanda de los países beligerantes, la industria textil catalana vive momentos de esplendor, que provoca el enriquecimiento de unos pocos mientras la mayoría pasa por muchas dificultades. En 1917 se proclama la huelga general revolucionaria. Cuando a finales de 1919 los patronos con el apoyo del gobierno y de los políticos catalanistas deciden clausurar las empresas y dejar sin empleo a miles de trabajadores, la lucha sindical se ve sustituida por la acción terrorista. Los pistoleros de la CNT se enfrentan a los de la patronal, al tiempo que el terrorismo oficial populariza la ejecución mediante la conocida como “Ley de fugas”.
http://lengua-castellana-y-literatura.blogspot.com/2007/05/la-verdad-sobre-el-caso-savolta-de.html

La huelga de la Canadiense

El 5 de febrero de 1919 se inició una huelga en Barcelona que se prolongó por 44 días convirtiéndose en huelga general paralizando el 70% de la industria catalana y que ha pasado a la historia con el nombre de huelga de La Canadiense

El 1 de diciembre la patronal catalana inicia un cierre patronal en el que se ven afectados más de 150.000 obreros y en el que se pide a éstos la entrega de los carnés de la CNT. Finalmente el lock-out es levantado por el Conde de Salvatierra, a petición de la patronal, el 26 de enero de 1920 sin que ningún trabajador entregase su carné.

El cierre o paro patronal, también conocido por su nombre inglés de lock-out (literalmente "cerrar y dejar fuera", expresión utilizada en inglés para referirse al apagado o puesta fuera de servicio de una máquina) es una medida de acción directa que consiste en la paralización total o parcial de las actividades de uno o varios establecimientos o actividades económicas, por decisión del empresario o patrón.¹ A diferencia del derecho de huelga de los trabajadores, internacionalmente no hay ninguna norma que reconozca al paro patronal como derecho. El cierre patronal puede estar dirigido contra los trabajadores, especialmente los sindicatos, para evadir sus peticiones laborales, o contra el Estado,² con el fin de forzarlas a cambiar determinada política pública, o como expresión de descontento contra determinado gobierno.

Jean-Claude Nicolas Forestier

fue un arquitecto paisajista francés. Discípulo de Georges-Eugène Haussmann y Jean-Charles Alphand, realizó la mayor parte de su carrera en París. En España proyectó varios parques y jardines, algunos como el Parque de María Luisa en Sevillapara la Exposición Iberoamericana de 1929 y la urbanización de la montaña de Montjuïc para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929.

Otros trabajos en España: Realización de diversos jardines: Barcelona, Jardines del Palacio de Moratalla en Hornachuelos, Jardines de la Casas del Rey Moro en Ronda, Jardín del Palacio de Liria en Madrid.

El expediente Picasso

Tras el derrumbamiento militar, el Alto Comisario Dámaso Berenguer, trasladado a esta plaza, solicitó al ministro de la Guerra que un oficial general, nombrado por aquél, investigase los hechos y depurase las responsabilidades que hubiera lugar. Mediante la Real Orden de 4 de agosto de 1921 el vizconde de Eza, ministro de la Guerra, nombró al general Picasso para que investigara en la propia plaza de Melilla los hechos ocurridos, con la ayuda del auditor de brigada Juan Martínez de la Vega y Zegrí. Sin embargo, el desastre se reveló de tal envergadura que el gobierno de Allendesalazar se vio obligado a dimitir. En agosto de 1921, el rey Alfonso XIII encarga formar Gobierno a Antonio Maura, que nombró a Juan de la Ciervacomo ministro de la Guerra.

(...)Se formó una Comisión parlamentaria de Responsabilidades, denominada de los «Diecinueve», y el 3 de noviembre de 1922 el ministro de la Guerra remitió al Presidente del Congreso de los Diputados una relación de testimonios deducidos del expediente y una serie de documentos y telegramas considerados de interés, que se completó el día 13 con siete documentos más. Durante ese mes hubo duros y exaltados debates en el Congreso,¹ sobre lo ocurrido en Melilla, produciéndose filtraciones a la prensa,² que indignaron a la opinión pública, pues se barajaba la cifra de 14.000 muertos (en la actualidad se calcula que la cifra de muertos en Annual es superior a los 20.000).

(...)El rey fue procesado y condenado in absentia en las Cortes el 19 y el 20 de noviembre,³ condena que necesita ser estudiada a la luz de la intervención de documentos que hizo la Comisión de Responsabilidades en el domicilio de José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador.

Fuente: Wikipedia  http://es.wikipedia.org/wiki/Expediente_Picasso

Atentados anarquistas en España (Siglos XIX y XX)

Esta lista cronológica muestra algunos de los atentados de inspiración anarquista más famosos. Entre los últimos años del siglo XIX y primeros del XX perpetrados por pequeños grupúsculos o individuos de inspiración anarquista, siguiendo la estrategia denominada propaganda por el hecho,¹ y que han sido calificados como actos terroristas² o actos de rebelión.³ Han tenido lugar sobre todo  en la ciudad de Barcelona.

• 1893 Un joven anarquista llamado Paulí Pallás, lanzó una bomba contra el general Arsenio Martínez-Campos Antón en venganza por la ejecución de dos conocidos periodistas anarquistas, acusados de complicidad en el levantamiento de Jerez. Martínez Campos sólo fue ligeramente herido, pero Pallás fue juzgado por un tribunal militar y ejecutado.

• 1893 Santiago Salvador Franch lanzó una bomba en el patio de butacas del Teatro del Liceo de Barcelona, matando a veinte personas, la mitad de las cuales eran mujeres, e hiriendo a muchas más. Se piensa que fue en venganza por el fusilamiento de Pallás. Santiago Salvador y otras cinco personas no relacionadas fueron ejecutados por este hecho.

• 1896 La tradicional procesión del Corpus Christi se dirigía hacia Santa María del Mar cuando en la calle de Canvis Nous de Barcelona se lanzó una bomba desde una ventana de un piso alto. Mató a siete trabajadores y un soldado. Este hecho desencadenó fuertes medidas represivas contra anarquistas y anticlericales.

• 1897 El italiano Michele Angiolillo asesina a balazos a Cánovas del Castillo.

• 1906 Cuando Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia regresaban al palacio real, después de la boda, sufrieron un atentado mediante una bomba lanzada por el anarquista Mateo Morral, frente al número 88 de la calle Mayor, de Madrid, del que salieron ilesos por muy poco. El artefacto ocasionó la muerte de 24 personas.

• 1912 Manuel Pardinas asesina de tres disparos ante la librería San Martín, en plena Puerta del Sol (Madrid) al presidente del gobierno, José Canalejas.

• 1921 Atentado contra Eduardo Dato (Presidente del gobierno).cometido por Pedro Mateu Cusidó, Luis Nicolau Fort y Ramón Casanellas Lluch.

• 1963 Dos bombas estallaron en la Delegación Nacional de Sindicatos y en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol de Madrid causando 20 heridos. Dos personas no relacionadas (los autores confesaron su responsabilidad tiempo después) fueron ejecutadas por este hecho.
•  25 de septiembre de 1973: Salvador Puig Antich asesina al inspector de policía D. Francisco Anguas Barragán. Fue ejecutado a garrote vil.

La economía como motor del progreso

Una coyuntura internacional favorable permitió al inicio a la dictadura fortalecer el crecimiento industrial. Con tesis autárquicas, se pretendía el autoabastecimiento y, por lo tanto, el impulso antes que nada de los instrumentos de desarrollo interno. Para este fin, era necesaria la intervención decidida del Estado en la economía para suplir el atraso de la inversión privada. Su política económica se caracterizó así por un intenso intervencionismo estatal en línea con la corriente que predominaba en Europa entonces. Para garantizar la autarquía o autoabastecimiento se regularon los mercados, precios y producción por medio del Consejo de Economía Nacional. Cobraron una gran importancia las ayudas y subvenciones estatales y los aranceles como medida proteccionista. Todo esto motivó una burocratización de la economía, que dio lugar a episodios de favoritismo como la entrega de monopolios a Juan March (tabaco en Marruecos) o a Urquijo y Ussía.

Se trató de impulsar el tejido industrial, con las ya mentadas medidas proteccionistas (Decreto de Protección de la Industria Nacional, Ley del Monopolio de Petróleos de 1927) al mismo tiempo que se protegía el sector financiero y bancario, tanto público como privado, lo que permitió más favoritismos. A pesar de todo se contó con la coyuntura favorable de losfelices años veinte. La economía, muy protegida por el Estado y con fijación de precios únicos o máximos, vivió momentos de expansión en todos los órdenes, incluidos la industria pesada y la minería. Sobre estas bases, las regiones ya industrializadas como Cataluña o el País Vasco, vieron un incremento notable de la prosperidad económica y un crecimiento de los puestos de trabajo. Por vez primera, se pasó de un 57% de mano de obra dedicada a la agricultura, a un 45%, y el parque automovilístico se duplicó en seis años. Se consolidaba así un modelo que iba a permitir el desarrollo económico de unas zonas y el estancamiento de otras. Además, el incremento demográfico, unido al proceso anterior, provoca las primeras notables migraciones interiores en la península.

Como gran motor económico se usó la construcción de infraestructuras formulado en el Plan Nacional de Infraestructuras, del que era parte clave el Circuito Nacional de Firmes Especiales. Se trató con ello de bajar el precio del transporte ampliando el mercado interno. Además, fueron medidas bastante populares, a pesar del grave endeudamiento que suponía. Se desarrolló también una interesante política hidráulica en la que se pensaron e idearon numerosos embalses para aumentar el regadío, evitar problemas por crecidas y generar electricidad hidroeléctrica. Se crearon las confederaciones hidrográficas para evitar el control de los terratenientes sobre el riego cuyo éxito fue relativo fuera del Ebro.

Para conjugar el grave endeudamiento resultante de la importante inversión en infraestructuras que generaba déficit presupuestario se recurrió a la venta de monopolios (tabaco, telefónica, CAMPSA en petróleo, lotería...). Se echaba en falta una política fiscal avanzada, pues salvo un intento de José Calvo Sotelo de crear un impuesto único y progresivo echado atrás por la burguesía no hubo intentos de mejorar la Hacienda. Se promulgaron eso sí, decretos contra la Ocultación de la Riqueza Territorial, sobre la Contribución Industrial y sobre el Registro de Arrendamiento y Fincas Territoriales para combatir la evasión fiscal.

Todo ello logró aumentar la renta nacional y la producción industrial, pero empeoró drasticamente la situación de la Hacienda Pública, cada vez más endeudada. El endeudamiento se arrastraría más allá de la dictadura, condicionando la política económica de la posterior Segunda República.

Se trató de combatir la conflictividad laboral atrayendo al obrerismo más moderado. Para ello se recurrió a medidas populistas y paternalistas, como la vivienda de protección oficial y el retiro obrero, o la protección de familias numerosas y del trabajo de mujeres en temas de maternidad. No se encararon en cambio la reforma agraria o de las estructuras económicas que creaban el grueso de la problemática. Sí se instauraron en cambio comités paritarios para reglamentar salarios y discutir las condiciones laborales en la llamada Organización Corporativa Nacional. En ella fueron acogidos los sindicalistas moderados, preferentemente de la UGT y Sindicatos Libres, mientras se excluían a anarquistas y radicales. Se reprimió el sindicalismo de la CNT y el Partido Comunista de España recién creado y favoreciendo así la dictadura a los más moderados UGT y al PSOE, siempre reticentes, para poder mantener cierto contacto con los dirigentes obreros.